Buscan por ley otorgar "protección a testigos" que declaren contra sus empleadores en juicios laborales

    Una nueva iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Recalde, ya genera preocupación entre los empresarios. Apunta a evitar los despidos de empleados que tuvieron que brindar testimonio en el marco de litigios contra compañías. ¿Cómo se determinará la indemnización agravada en estos casos? 

A la hora de despedir a un empleado, las empresas son conscientes de que esta decisión conlleva el pago de una indemnización. Pero lo que no siempre saben es si ese monto será el definitivo o si, como resultado de un juicio laboral, tendrán que abonar un importe significativamente mayor.
Esto es así dado que, además de tener que desembolsar el resarcimiento por antigüedad que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y otros rubros que fija dicha norma -tales como preaviso, aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas- la Justicia podría considerar que corresponde aplicar multas o, dependiendo del caso, dar lugar a una reparación agravada encareciendo el despido.

Este último criterio, se aplica, por ejemplo, cuando una compañía rompe el vínculo laboral con una empleada durante el período de protección legal por embarazo-maternidad. 

Situaciones como éstas generan incertidumbre entre los hombres de negocios, quienes ven cómo los magistrados avalan los reclamos de los trabajadores a un punto tal que, en algunos casos, hasta pueden llegar a responsabilizarlos solidariamente ante determinadas circunstancias.
Así las cosas, mientras las causas laborales se multiplican día tras día en los tribunales, un nuevo proyecto de ley ahora les suma más dudas y preocupación.
Se trata de una iniciativa que apunta a proteger a los empleados que fueron testigos, en el marco de un juicio laboral contra la compañía que los contrató, en tanto hayan sido despedidos dentro del año de haber formulado su declaración.

A tal efecto, la propuesta -que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y avanza al recinto para su debate- establece que dichos dependientes cobrarán un resarcimiento agravado, equivalente a 13 sueldos, bajo la presunción de que la desvinculación fue producto del testimonio ante la Justicia.

De convertirse en ley el proyecto, impulsado por el diputado oficialista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, las empresas verán incrementados sus costos laborales tras la implementación del mecanismo de "protección a testigos".
Pero no sólo en estos casos. Los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que las firmas, además, correrían el riesgo de verse expuestas a futuros juicios bajo el argumento de un despido discriminatorio. 

Es decir, esto podría suceder aun cuando la causal de la desvinculación fuera otra, en la medida que la cesantía tuviera lugar durante el mencionado lapso y el empleador no pudiera aportar pruebas suficientes para desestimar los argumentos del reclamante.

En este contexto, vale destacar que durante los últimos años, los reclamos de empleados despedidos por cuestiones consideradas discriminatorias se han ido multiplicando en los tribunales. Asimismo, se advierte cómo la aplicación de la Ley 23.592 fue ganando terreno lo cual podría derivar en que el empleador sea condenado a abonar un adicional por daño moral.

Las claves del proyecto

La iniciativa presume, salvo prueba en contrario, que el despido de empleados que actuaron como testigos de las partes -tanto por el lado del trabajador, como del empleador- en juicios laborales se debió a esta razón en tanto la cesantía haya tenido lugar "desde la fecha de ofrecimiento judicial de la prueba testimonial que los individualice, hasta un año después de producirse la declaración respectiva ante el juzgado o tribunal interviniente".
No obstante, aclara el texto de la propuesta de Recalde, para que la presunción tenga operatividad "el empleador debe haber sido notificado de tal circunstancia".
Y agrega: "En el caso de que la compañía resuelva concluir con el vínculo, en esas condiciones, deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo", es decir, el resarcimiento por despido sin justa causa.
Por otra parte, el proyecto establece que la referida protección cesará para aquellos trabajadores cuya declaración no se hubiera producido, ya sea por decisión del juez, por desistimiento de la parte que lo ofreció o por negligencia en la producción de la prueba.

¿Qué tuvo en cuenta Recalde para "dar vida" a la iniciativa?

El legislador explicó que, en caso de ser testigo en un juicio laboral, "el empleado se encuentra frente a una opción dilemática perversa".
Por un lado, señaló, el dependiente podría tener que "declarar contra la empresa y, en consecuencia, asumir el riesgo de sufrir una represalia".

O bien, "si lo haciera a favor de la firma bajo promesa de mantenimiento de las condiciones laborales o del empleo mismo podría verse en la situación de tener que faltar a la verdad por ese motivo".
"Los casos de despido dispuesto como `represalia´ merecen el mayor reproche por parte de la legislación", agregó.
Y remarcó que el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre finalización de la relación de trabajo, considera especialmente "graves" a las desvinculaciones adoptadas como represalia o que violenten derechos fundamentales.
"El proyecto resulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al empleado que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial", destacó Recalde.

¿Qué cambiará para los empleadores si se sanciona el proyecto?

Los expertos consultados por iProfesional.com coincidieron en señalar que, de aprobarse la iniciativa, los empleadores "se verán en la obligación de demostrar ante los tribunales que su decisión no se basó en el testimonio del empleado despedido", si quisieran evitar el pago de un resarcimiento agravado.
Ésta no es una tarea sencilla si se tiene en cuenta que existe una tendencia en la Justicia a emitir sentencias favorables a los reclamos de los dependientes.
Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur, advirtió que tras la sanción del proyecto "una empresa hasta se vería impedida de reorganizar un área o sector que cuente con personas que fueron testigos en un juicio laboral que tenga a la empleadora como parte".
En tanto, Marcelo Aquino, socio de Baker & Mackenzie, indicó que el proyecto "puede provocar efectos no queridos" porque permitirá a los trabajadores que declararon en juicio "gozar de una estabilidad mejor que la del resto de los empleados".
Carcavallo también resaltó que "por los ya conocidos avatares judiciales -alta litigiosidad, problemas de infraestructura edilicia, mala gestión de los tribunales y de los sistemas informáticos, entre otros factores- el trámite de los pleitos se alargará", lo cual sumará incertidumbre para los empleadores.
En este sentido, remarcó que, en la provincia de Buenos Aires un juicio no tarda menos de tres años y medio y que, en la actualidad, corre un extenso lapso hasta que se designa la audiencia en la que deben prestar declaración los testigos.

Interrogantes

Si bien aún resta camino por recorrer, los asesores de empresas ya se plantean algunos interrogantes.
Al respecto, Carcavallo señaló que el texto genera dudas en cuanto a "las modalidades y condiciones bajo las cuales se implementaría la protección".

"El cómputo de los tiempos en que corre la mencionada protección" resulta un importante interrogante, destacó el experto.

Y planteó: ¿hay que considerar desde la fecha en que fue ofrecido el testigo o la fecha en la que prestó declaración testimonial y de ahí en más computar el plazo residual de un año para establecer el cese del período de protección?.

Por esta razón, concluyó que "es absolutamente inconveniente crear nuevas presunciones que otorgan estabilidad en situaciones que no se justifican porque atentan contra las facultades de dirección y organización del empleador, cada vez más restringidas a causa de criterios legales y judiciales expansivos en materia de protecciones inconsistentes".

Por último, Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, también cuestionó la iniciativa y sostuvo que "la creación de esta nueva presunción -que admite prueba en contrario- es un desacierto que sólo persigue consolidar un proceso de incremento de la litigiosidad laboral, el que no sólo atosiga el funcionamiento de los tribunales y la apropiada administración de Justicia, sino también opera como un desincentivo indirecto sobre la generación de empleo".

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