Oficialismo avanza en proyecto de ley que marcará un "antes y un después" en tercerización

 La comisión de Legislación del Trabajo analizará una iniciativa, impulsada por el diputado oficialista Héctor Recalde, que puede marcar un antes y después para esta modalidad contractual en cuanto a la relación entre empresas principales y los empleados de las firmas contratadas 

Por Sebastian Albornos

En un contexto financiero en el que los aumentos en los costos laborales impactan de lleno en los resultados de las compañías, cada vez más empresas optan por dejar en manos de terceros todas aquellas tareas que no resulten "esenciales" en su negocio. En esos casos, según la normativa vigente, el empresario no debe responder -en principio- por las relaciones de trabajo correspondientes a todas aquellas empresas con quienes establece contratos, que atañen a la cadena de comercialización, producción de bienes o prestación de servicios.

Sin embargo, como muchas han optado por tercerizar ciertas tareas con el fin de evitar responsabilidades laborales, abaratar sus costos y encubrir relaciones de dependencia, esta modalidad contractual terminó desvirtuándose. Y en consecuencia, también se multiplicaron los reclamos de dependientes ante los tribunales. 

Por ejemplo, durante 2012 en las compañías locales se produjo un fuerte avance sobre áreas que, "tradicionalmente", no estaban tercerizadas.

Este fenómeno creció a tal punto que, desde el Gobierno, el ministro de Trabajo Carlos Tomada señaló que el problema en la Argentina "se debe a que muchas clases de empleo en el mundo son comunes, pero en el ámbito local se las transforma en fraudulentas", e incluyó entre éstas a los regímenes de tercerización.

"Muchos empresarios se organizan de esta forma para bajar costos, reducir responsabilidades y eludir impuestos. Lo que hay que hacer es ser más estrictos sobre las tercerizaciones que se hacen sobre lo que es el objeto de la empresa", indicó el ministro oportunamente.

En este contexto, Cesar Contino, socio gerente de CONA Consultores, explicó que "la tendencia de los últimos años de la Justicia muestra un incremento del orden del 25% al 30% en las sentencias que condenan a las empresas industriales y de servicios que utilizan personal que tiene relación laboral con otro empleador".

Así las cosas, en el ámbito del Congreso, los legisladores no son ajenos a esta situación dado que ya han sido presentadas diversas iniciativas que buscaban responsabilizar a las compañías por prácticas que, hasta hace poco tiempo, eran normales y habituales pero ahora se han convertido en un accionar de altísimo riesgo.

Por lo tanto, este miércoles la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados analizará un proyecto del diputado oficialista y ex asesor de la CGT, Héctor Recalde, que propone incluir un párrafo al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que, de aprobarse, marcará un punto de inflexión en esta modalidad a la que recurren muchas compañías.
Según su impulsor, de esta forma se busca "evitar que se tomen decisiones de subcontratación al solo efecto del abaratamiento de costos y desmejora de las condiciones de trabajo a costa de los derechos de los dependientes".

Un cambio polémico

En concreto, la mencionada comisión analizará una iniciativa que pretende incorporar como último párrafo del artículo 30 de la LCT lo siguiente:

"En los casos en que las tareas o actividades objeto de contratación o subcontratación se realizaran en el establecimiento del principal o en instalaciones que se encuentren bajo su custodia o guarda, resultará de aplicación a los trabajadores dependientes del contratista o subcontratista el régimen legal y convencional aplicable en la principal en cuanto resulte más favorable."
Es decir, se propone que en tales supuestos se disponga expresamente que será de aplicación a los dependientes del contratista o subcontratista la ley y convenio colectivo que se tome en cuenta para las liquidaciones salariales, en cuanto resulte más favorable.

"Esta formulación deja a salvo la utilización de otra normativa legal o convencional que también pudiera ser aplicable según la actividad del contratista o subcontratista y resultara más favorable a aquella que correspondiera a la empresa principal", agregó el ex asesor de la CGT.

Cuestionamientos

"Ese agregado desnaturaliza, incluso, el contenido y alcance del primer párrafo de este artículo, donde se consigna la conceptualización de la subcontratación o externalización de actividades que no resultan propias del cometido principal", consideró Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.

En dicho contexto, enfatizó que "esta iniciativa parte de la premisa de no conocer cómo operan los procesos de tercerización por razones de especialidad, por ejemplo".

"Pretender aplicar el principio de la norma más favorable en abierto apartamiento de la teoría denominada de 'conglobamiento por instituciones', no hace más que confirmar que un lugar físico donde se presten tareas no puede ser el centro de imputación normativa", agregó.

Y destacó que "en ocasiones, se impulsan iniciativas que parecería que pretenden penalizar sino prohibir un proceso que acompaña a los procesos de producción de bienes y servicios, como si se pudieran impedir desde la literalidad de una norma, cuando en rigor de verdad lo que deben ajustarse son los controles y fiscalización de estos fenómenos para que no conlleven precarización del empleo".
Por ese motivo, indicó que "habría que revisar experiencias inclusivas y equilibradas como la instrumentada en Brasil con la ley de subcontratación o en Colombia, país que se ha transformado en receptor de inversiones de mano de obra intensivas, a partir de reformas realistas y un fuerte compromiso estatal con el contralor".

Para Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur, el tema "debe dar lugar a una apreciación restrictiva, pues no todas las actividades son inherentes a la que resulta ser principal, habitual, normal, permanente y específica del establecimiento, ni está relacionada al logro de los fines de la empresa".

"Hay muchísimos reclamos al respecto, debido a la propia letra de la norma, que dio lugar a interpretaciones opuestas acerca de sus alcances", agregó.

Una eventual reforma -para despejar dudas y detener controversias - "no tendría otra alternativa que definir lo que se entiende por actividad principal y actividades accesorias o que contribuyen al fin específico de la primera", concluyó Carcavallo.

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