Las negociaciones salariales este año plantean mayores dificultades que las existentes un año atrás. Entre los principales factores se encuentran la persistencia de altos niveles de inflación y el intento de las empresas y el Estado de fijar un tope cercano al 20% de incremento salarial. La inflación del año 2012 fue de aproximadamente el 25%, y todo indica que este año se mantendrá en niveles similares. Por ello, un incremento salarial “de bolsillo” inferior a dicho porcentual significará una reducción del salario en términos reales.
Por el Observatorio del Derecho Social (ODS)
La regulación estatal del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias (4ª categoría) influye negativamente sobre el “ingreso de bolsillo” de los trabajadores. De no producirse cambios en dicha reglamentación, el aumento real de los ingresos de los trabajadores será inferior al que se pacte en las negociaciones salariales.
En el caso de los trabajadores de ingresos medios – altos y altos, la falta de modificación del mínimo no imponible y de los tramos de la escala del impuesto a las ganancias puede significar una reducción de entre 2 y 5 puntos porcentuales sobre el resultado de la negociación salarial (un aumento del 25% sobre la escala salarial se transforma en un aumento de entre el 20% y el 23% según el monto del salario y las cargas familiares).
En el caso de los trabajadores de ingresos medios – bajos y bajos, la actual regulación del sistema de asignaciones familiares puede licuar totalmente el aumento obtenido en la negociación salarial. Si dicha regulación no se modifica, por ejemplo, un trabajador con tres hijos que actualmente percibe un salario de $ 4.000 y que recibe un aumento del 25% en su salario, finalmente tendrá un incremento de sólo el 15% en su ingreso de bolsillo.
El sistema de asignaciones familiares, con las reformas implementadas en los últimos años, ha sido llevado prácticamente al desquicio. En este informe se describe la situación de un trabajador que si en esta ronda de negociación recibe un aumento salarial del 25%, sin que se produzcan modificaciones en las escalas del sistema de asignaciones familiares, finalmente tendrá una reducción del 10% en su ingreso de bolsillo.
En las últimas semanas se instaló la posibilidad de que el Gobierno Nacional ofrezca a las organizaciones sindicales la modificación de la reglamentación del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias a cambio de que se moderen los reclamos salariales, ubicándose en torno al 20% nominal. Aceptar esta negociación implica hacerles el juego a las empresas, quienes recibirán los beneficios de pagar salarios más bajos sin costo alguno, ya que será el Estado el que soportaría, con recursos públicos, una porción variable de dichos aumentos.
Además, este tipo de negociación podría afectar mucho más a los trabajadores de menores salarios, cuyo “ingreso de bolsillo” está más ligado al sistema de asignaciones familiares que al impuesto a las ganancias (los trabajadores que perciben un ingreso inferior al mínimo no imponible representan el 75% de los trabajadores registrados). En este caso, aceptar un aumento salarial del 20%, por más que se ofrezca a cambio un incremento del 40% en las asignaciones familiares, para un trabajador con tres hijos, significará un aumento “de bolsillo” de no más del 23%.
Esta ronda de negociación salarial se plantea en un marco donde la situación de los trabajadores se encuentra lejos de ser satisfactoria. Luego de diez años de crecimiento ininterrumpido, donde prácticamente se duplicó el producto bruto interno, el salario real de los trabajadores se encuentra en el mismo nivel del año 2001, todavía el 35% de los trabajadores no está registrado, y el promedio de ingresos de los ocupados apenas supera los $ 3.700 mensuales. Ello a pesar de que las empresas han tenido, a lo largo de la última década, ganancias muy superiores a las que obtuvieron durante la década de los ’90.
Por su parte, el salario mínimo, vital y móvil ha quedado totalmente desactualizado, y no puede sostenerse seriamente que con $ 2.875 mensuales (a partir de febrero de 2013) un trabajador pueda garantizar su “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”, tal como surge del artículo 116 de la ley de contrato de trabajo.
A su vez, el Estado Nacional sigue incumpliendo con su obligación de calcular la canasta básica que sirva de base para la determinación del salario mínimo de los trabajadores. De acuerdo a los datos de la Junta Interna de ATE – INDEC, dicha canasta, a diciembre de 2012, ascendía a la suma de $ 6.997 mensuales para una familia de dos adultos y dos chicos.
Finalmente, es necesario reiterar que el aumento del salario real debe estar sustentado en una reducción de las ganancias empresariales, y no en una disminución de los recursos fiscales del Estado, sin perjuicio de que sigue resultando inaceptable mantener las exenciones al impuesto a las ganancias que benefician a los sectores más concentrados del capital.
http://anred.org/spip.php?article5759
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