Anverso y reverso en un mismo proyecto

Por Jorge Duarte @ludistas

La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La normativa se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Senadores y establece un conjunto de medidas para formalizar la situación de más de un tercio de los asalariados que trabajan de forma no registrada (eufemismo utilizado para referirnos al trabajo ilegal) y para alentar la promoción del empleo. El diagnóstico parece acertado, el trabajo no registrado y la pérdida de dinamismo del mercado laboral en el último tiempo son dos de los problemas más acuciantes de esta etapa.
El tercio de trabajadores no registrados no sólo no cuentan con protección social y legal sino que, además, perciben salarios promedios que los dejan muy cercanos a la pobreza, sufren una condición de inestabilidad que les quita posibilidades de proyectarse en el tiempo y padecen dificultades para acceder a la salud, la educación y la vivienda (incluso al alquiler por no poder cubrir con las condiciones que impone el desregulado y voraz mercado inmobiliario).
El año pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación en el documento “Trabajo no registrado: avances y desafíos para una Argentina inclusiva” dio algunas pistas para entender una parte importante de las motivaciones de la medida. El informe señalaba que en establecimientos de hasta 5 trabajadores, el 70% de los empleados se encuentran en condición de no registrados. Este texto, debatido en el marco del Diálogo Social 2013, brinda sustento a la idea madre sostenida por el proyecto de establecer sistemas de incentivos para la formalización de lazos laborales en las microempresas.
Es en este núcleo de trabajo no registrado urbano donde el proyecto converge con las necesidades del momento y encuentra su mayor acierto. La situación de estas unidades pequeñas, de baja producción y escasa rentabilidad (lo que se medirá en base a la facturación) merecen atención especial y diferenciada. No hablamos de emprendimientos con altas ganancias, sino más bien de aquellos que están vinculados a la subsistencia. Simplificación de los trámites, menores costos y mayor control consolidan una respuesta precisa.
Menos auspiciosa parece ser la mirada que exhibe el plan sobre las empresas más grandes y su actuación en el mercado. Con una perspectiva un tanto naif del comportamiento de los privados, el éxito del proyecto en los establecimientos de mayor envergadura no dependerá tanto de los incentivos, sino que su suerte estará atada a la presencia efectiva del Estado y del impulso que se le otorgue a los controles y a la fiscalización de las irregularidades. Quienes utilizan el trabajo en negro para maximizar ganancias no cambiarán su postura de no mediar instancias punitivas concretas y palpables.
El reverso de la moneda lo encontramos en el apartado sobre la promoción de empleo. De cara a un mercado laboral que comienza a dar señales de alerta por despidos en sectores como el metalúrgico, el metalmecánico, el automotriz y el del calzado, el proyecto prevé beneficios impositivos para quienes incorporen nuevo personal. Este intento de dinamizar la creación de empleos cae en una receta probada aunque no siempre con buenos resultados.
Las reducciones de cargas patronales para apuntalar el mercado es una política de empleo ortodoxa que no suele dar frutos por sí sola e históricamente fue más beneficiosa para empleadores que para empleados. Estos beneficios impositivos que abarcan situaciones disimiles (especialmente hablando de tamaño y rentabilidad) seguramente profundizarán las diferencias pre-existentes y tendrán poco impacto en el mundo de las PyMES. Difícilmente se logre revertir la tendencia a la destrucción de puestos de trabajo si las fuerzas no se centran en volver a impulsar la producción y potenciar el consumo.
Por supuesto que el análisis de la letra de una legislación se basa en lo que se explicita, pero también en lo que se omite. En ese sentido, es de destacar el reconocimiento del trabajo no registrado como un grave problema del mercado laboral, pero se pone el acento sólo en el rol que juega en el sector privado como si no existiera trabajo en negro en el Estado. Tanto el empleo público nacional, como (y fundamentalmente) en los órdenes provinciales y municipales se observan grandes bolsones de informalidad que quedan invisibilizados en este proyecto.
El trabajo no registrado es un problema transversal del mundo laboral en su conjunto que se consolidó en los últimos 20 años. Un buen primer paso para su combate sería avanzar en registrar las fuentes de trabajo en negro y las situaciones de fraude laboral que produce el Estado, lo que seguramente redundaría en un beneficio para los trabajadores y para el propio Estado.

 Nota originalmente publicada en Página 12

http://escritosdeclase.blogspot.com.ar/2014/04/anverso-y-reverso-en-un-mismo-proyecto.html