Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el "monopolio sindical", las nuevas entidades que representan a los trabajadores se envalentonaron y salieron a disputar con más fuerza su lugar frente a los grandes gremios. Se trata de organizaciones que, en general, son protagonistas en los conflictos dentro del sector al que pertenecen y que ahora aseguran tener un mayor respaldo jurídico para peticionar en nombre de los asalariados.
Estos sectores se amparan en la sentencia del máximo tribunal que derribó el principal sostén de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) al declarar inconstitucional -el 18 de junio pasado- el artículo 31 inciso a). El mismo otorga a las agrupaciones con personería gremial los "derechos exclusivos" de representar los intereses individuales y colectivos de los empleados. Pero para la Justicia, viola el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por la Argentina, que protege la "libertad sindical".
En consecuencia, el Ejecutivo debería permitir que los sindicatos simplemente inscriptos -es decir sin reconocimiento pleno- tengan las mismas facultades de representación que los gremios tradicionales. En tanto, juristas y especialistas consultados por iProfesional prevén que es inevitable una reforma, luego de cuatro fallos que golpearon duramente al "modelo sindical". Pero sobre todo, creen que se acelerará la emergencia de una pluralidad de asociaciones, en desmedro del cuestionado sistema de "unicidad gremial".
Los primeros movimientos en este sentido ya empezaron a notarse en el sur bonaerense, donde el Sindicato de la Industria de la Construcción (Sitraic) retomó los contactos con seccionales y agrupaciones del interior de país, incluidos los "Dragones" de Santa Cruz, para formar un nuevo gremio a nivel nacional y afiliar no menos de 20.000 trabajadores en los próximos seis meses.
Su objetivo es mejorar los salarios y eliminar el empleo en negro en una actividad que alcanza al 60% de los más de 700.000 albañiles contratados en el país.
La pequeña organización, de 2.500 miembros, fue creada el 22 de junio del 2009, cuando un cuerpo de delegados rompió su vínculo con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Gerardo Martínez, según afirman, por usar patotas armadas y su cercanía con la cámara empresaria del sector.
"Vamos a exigir que se cumpla el fallo. Se cayó la representación monopólica y vamos a poder participar de la negociación colectiva", anticipó el titular del Sitraic, Victor Grossi, quien fue expulsado en 1988 de la UOCRA por rechazar las directivas del entonces jerarca del gremio, Juan Alejo Farías, conocido como el "Sargento".
Por otra parte, la Asociación Gremial de Trabajadores y Premetro del Subterráneo (AGTSyP) también recibió con beneplácito el dictamen de la Corte. Su abogado, Luis Ramírez, sostuvo que el mismo "mete presión al Ministerio de Trabajo" para que reconozca a los nuevos agrupamientos, en momentos en que la AGTSyP aguarda a ser convocada por la cartera laboral para realizar la compulsa y demostrar que posee más del 20% de los afiliados en el subte, donde trabajan unos 4.000 empleados.
La entidad fue fundada el 2 de septiembre del 2008, tras la ruptura de los "metrodelegados" con la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En los últimos años, la dirigencia del flamante sindicato se integró a los partidos kirchneristas Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella, y el MILES, de Luis D´elia, pero en varias líneas y talleres los delegados responden al Frente de Izquierda. Algunos de ellos hoy se sientan cara a cara con la gestión de Mauricio Macri a negociar las condiciones de trabajo, pese a que sólo la UTA tiene personería.
El gremio tradicional del transporte urbano enfrenta, además, la competencia de la Unión de Choferes de micros (UCRA) afiliados a la CTA. En cambio, los colectiveros de la línea 60 siguen dando la batalla dentro de la UTA. Este mes, la comisión interna debía recibir la convocatoria para la elección de delegados, pero denuncian que el sindicato no lo hizo y temen que se trate de una maniobra para que se venza su mandato.
Clima agitado
La ofensiva de los sectores rebeldes resurge en momentos en que el Gobierno busca sentar en una misma mesa a los empresarios y a la CGT oficialista, tras perder votos en las elecciones primarias. El llamado de Cristina Kirchner apuntaría a desactivar los contactos de algunos sindicalistas K con el intendente de Tigre, Sergio Massa, y vaciar el paro general de Hugo Moyano que pretende sumar a la UTA y a La Fraternidad, pertenecientes a la central más dialoguista.
La amenaza de huelga despertó expectativas, incluso, en el sindicalismo "combativo" que ahora le reclama al camionero que cumpla su palabra.
En este escenario agitado, el Ministerio de Trabajo publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución 793 que, después de cuatro años, le concedió la inscripción al Sitraic. Y en los meses venideros podría hacer lo mismo con la personería de los metrodelegados. Un desafío para la UOCRA y la UTA que la cartera laboral ya no podrá posponer ante las intimaciones de la Justicia que recibió en las últimas semanas.
Según datos oficiales, existen alrededor de 3.000 asociaciones profesionales que aguardan el reconocimiento del Estado. Sin embargo, al igual que en el subte y la construcción, muchas han erosionado de hecho la representación a los grandes sindicatos en los últimos años. Es lo que sucedió en los call center, entre el personal jerárquico de comercio, el sector informático y la minería, donde se formaron nuevas entidades gremiales.
"Estas agrupaciones tienen que cumplir un montón de trámites para ser reconocidas por el Ministerio de Trabajo, entonces, se presentan ante la Justicia y fallan a su favor", dijo el asesor laboral de empresas, Julián De Diego.
Un fenómeno similar ocurre con los sindicatos locales que se escindieron de sus federaciones para organizarse en forma autónoma y recuperar poder de negociación. Así lo resolvieron los agentes de propaganda médica, los petroquímicos de Zárate, Campana y Bahía Blanca, los trabajadores lácteos de Rosario, los peones de algunas actividades agropecuarias regionales y los empleados de supermercados de Lomas de Zamora.
Unidos por el espanto
En medio de la fragmentación y la crisis de representación, los empresarios y la mayoría de los viejos gremialistas se espantan de sólo escuchar hablar de "libertad sindical". Unos porque intuyen que incentiva la conflictividad y los otros porque temen que la multiplicidad de interlocutores socave aún más su poder.
"No estoy de acuerdo con este fallo. Preferimos una sóla entidad representativa y que las demás se sumen, sino van a haber 18 millones de sindicatos", señaló preocupado el vicepresidente de la UIA, Juan Carlos Sacco.
En las últimas semanas, las dos CGT formaron comisiones para analizar el impacto de la medida. En la central oficialista, de Antonio Caló, se reunieron los asesores de la UOCRA, Comercio y Sanidad, quienes sostienen que "el derecho no modifica la realidad". Y el sector de Moyano estudia elaborar un proyecto de reforma, aunque sin tocar la exclusividad en los convenios colectivos.
En tanto, la CTA de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli festejaron la nueva sentencia ya que ambas reclaman la personería, desde hace décadas, sin éxito. El ala de Micheli, además, presentó un anteproyecto en Diputados para eliminar el "monopolio".
Más serenas, las autoridades del Ministerio de Trabajo minimizaron los alcances del fallo y señalaron a este medio que sólo "unifica el criterio adoptado previamente por varios tribunales", en sintonía con la OIT.
Pero reconocieron que la Justicia "da más facultades a las entidades simplemente inscriptas" y advirtieron que "los muchachos de los gremios tienen que hacer un cambio".
"El fallo es un llamado de atención", admitieron.
A diferencia de Europa y muchos países latinoamericanos, el modelo sindical argentino permitió durante décadas que las principales organizaciones por actividad o rama reconocidas por las autoridades monopolizaran la representación ante los empleadores y el Estado, sin necesidad de mandato ni de que los trabajadores estuvieran afiliados.
Así se mantuvo a grandes rasgos desde el decreto Ley 23.852 que en 1945 estableció la regulación de la personería gremial, hasta la aprobación de la Ley de Asociaciones Sindicales en 1988, cuando en el ocaso de la presidencia de Raúl Alfonsín, el intento por "democratizar" los sindicatos y quitarle peso a los dirigentes tradicionales terminó reforzando su dominio.
El impacto del fallo
Sin embargo, ahora la sensación de varios jueces y abogados es que ya nada será como antes. Para muchos, el reciente fallo de 23 carillas contra el "monopolio sindical" firmado por Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni conmina a los gremios con personería a compartir con los nuevos agrupamientos la atribución de elegir delegados, convocar huelgas y resolver conflictos en los establecimientos laborales.
Si bien algunos de estos privilegios ya habían sido cuestionados en casos anteriores que declararon inconstitucional el artículo 41 y 52 de la normativa vigente, De Diego señaló que la nueva sentencia pone en jaque el esquema del sindicato único y es un paso más hacia otro donde pueden existir todas las entidades que los trabajadores deseen.
"Cuando tenés un sindicato único, tenés un sólo (Armando) Cavalieri bien claro, pero cuando hay más de un gremio tenés que dividir el poder en función de los afiliados", dijo.
Así, la decisión de la Corte no sólo refuerza la posibilidad de que las nuevas asociaciones convoquen a la huelga. También les permitiría representar a los empleados en conflictos cotidianos como, por ejemplo, ante sanciones que tomara una empresa o frente a reclamos sobre condiciones de trabajo, seguridad e higiene.
Por estos motivos, ya hay jueces que avizoran un cambio inminente a nivel legislativo. "El modelo sindical ha sido horadado por los fallos de la CSJN, al igual que hizo con la LRT (Ley de Riesgos del Trabajo). El fallo obliga a una reforma de la ley aunque necesita que haya consenso entre los actores", dijo a iProfesional el juez de la Cámara Nacional del Trabajo, Raúl Ojeda.
En tanto, el abogado del Taller de Estudio Laborales, Guillermo Pérez Crespo, que ha representado al Sitraic, entre otras entidades, coincidió con esa lectura y precisó que las sentencias de la Corte no tienen fuerza de ley general. "Tanto es así que la cartera laboral resuelve muchas veces situaciones en sintonía con la legislación, pero a contramano de los últimos fallos del tribunal superior", sostuvo.
El otro aspecto, en el que acuerdan varios especialistas, es que la Justicia nunca autorizó a las organizaciones inscriptas a participar de la negociación colectiva. Ésta es la espina dorsal del "unicato" que nadie se atreve a tocar.
Sin embargo, cuando consiguen la fuerza, muchas asociaciones no reconocidas han logrado firmar acuerdos colectivos con fuerza legal de convenios. Y así, por entre los agujeros de la ley, asoma una nueva realidad en la que hasta los sindicalistas más ortodoxos se lanzan a armar nuevas organizaciones sin personería.
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