El Gobierno de Chubut vetó la ley "anticolas"

Era una propuesta del diputado Jerónimo García. Había sido aprobado en la Legislatura, pero el gobernador Buzzi. El subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Juan Ripa, dijo que buscan “poner a la gente en contra”.
El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, vetó el proyecto de ley sancionado por la Legislatura provincial, con fecha 16 de abril, donde se fijaba la obligatoriedad de asegurar la atención de los usuarios de instituciones, empresas y organismos públicos y privados, en un plazo no mayor a 30 minutos desde su ingreso al establecimiento.
Esta ley, denominada “anticolas”, era una iniciativa del legislador peronista Jerónimo García, y fijaba también la imputación de sanciones económicas a quienes no la cumplan y las mismas podrían ser entre 100 y 5.000.000 de pesos a las entidades financieras y de servicios que no le den cumplimiento.
Buzzi determinó el veto total de dicha Ley, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 142º la Constitución Provincial, y la herramienta legal para tal fin fue el decreto Nº525, que lleva la fecha del 25 de abril del corriente año, firmado por el mandatario provincial y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán.
En relación a los argumentos esgrimidos para fundamentar la decisión se puntualiza que es “a todas vistas gravoso en función de existir trámites que requieren un tratamiento que dispensaría una mayor cantidad de tiempo que el que se pretende establecer”.
El subsecretario de Asociativismo y Economía Social de la provincia, Juan Ripa, defendió la posición del veto argumentando que “el proyecto presentado por el legislador Jerónimo García apunta claramente hacia el Banco del Chubut y busca una medida populista para generar malestar de la gente hacia esa entidad”.
Ripa afirmó también que “el proyecto que se sancionó y fue vetado no toma en cuenta los distintos trámites que se pueden realizar en las instituciones y que esto también varía según sean públicas o privadas”. Agregó que “tampoco se tiene en cuenta la utilización de nuevas tecnologías para la realización de trámites y que no todos los clientes están habituados a emplearlas de la misma forma, por lo que la aplicación de sanciones podría afectar arbitrariamente a las instituciones abarcadas”. El funcionario dijo: “Las características de cada entidad son particulares, por eso el proyecto es impracticable y menos aún con leyes demagógicas”.


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