Se busca introducir
criterios de productividad similares a los aplicados en sectores como
el petrolero. El gremio mostró buena disposición, justo cuando se
está por poner a consideración de la asamblea la conversión de
Sancor en sociedad anónima y facilitar de esa manera su
reestructuración o venta
El Gobierno avanza en su plan de
modificar los convenios colectivos para bajar los costos y ganar
competitividad. En medio del cierre de plantas en Sancor y un clima
de tensión larvada con el gremio lechero, el Ministerio de Trabajo
inició el martes la apertura formal de la negociación para
introducir cambios en el régimen laboral de los trabajadores de esa
actividad.
Se trata del puntapie inicial luego del acuerdo
alcanzado el 5 de mayo pasado, en que las autoridades se
comprometieron a otorgar un crédito de $450 millones a la
cooperativa, a cambio de una reducción de los aportes patronales al
gremio, la condonación de deudas a las empresas por dicho concepto,
y la revisión en un plazo de 30 días hábiles del convenio que data
de 1988.
En una reunión expeditiva, la mesa convocada por el
equipo del subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, acordó este
martes acelerar los pasos con el intercambio de documentos de cara a
un encuentro la semana próxima, en cuya agenda figuran las
licencias, horas extras, accidentes y enfermedades, presentismo,
reemplazos, el régimen de renuncias, categorías y polifuncionalidad
o multitareas.
De la convocatoria participó el titular de la
Cámara de la Industria Lechera (CIL), Miguel Paulón; Ruben Ema y
Carlos Marcelo Beldi en representación de Sancor, Rubén Bonagino y
Pablo Villano por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios
Lácteos (Apymel), y el titular de Atilra, Hector "Etin"
Ponce.
Desde el Gobierno destacaron la "buena
predisposición" del gremio y el clima ameno de la audiencia.
"No es un dato menor que se hayan sentado a integrar la
comisión, era una de las condiciones para salvar a Sancor",
reconocieron a iProfesional.com fuentes de la cartera laboral. Pero
la discusión promete nuevos cortocircuitos.
Es que cerca de
Ponce perciben una ofensiva en marcha contra el gremio para
"flexibilizar" las condiciones de trabajo más allá de
Sancor, en línea con la negociación desarrollada en Vaca Muerta,
donde el petrolero Guillermo Pereyra aceptó la resignación de
beneficios laborales como condición para mejorar la competitividad y
atraer inversiones al yacimiento en Neuquén.
En el caso de
los lecheros, el convenio quedó en la mira por los aportes
extraordinarios que el sindicato recibía de las empresas desde 2009
con destino a la obra social. El 3 de mayo pasado, en horas previas a
un paro inédito de Atilra que paralizó 11 plantas, el Presidente
cargó contra la entidad por "un enorme desmanejo interno en su
conducción con serios problemas de gestión; y un pésimo convenio
laboral, inviable".
Fruto de las presiones, Atilra aceptó
derogar el aporte mensual de $3.300 por trabajador y reducirlo a una
suma de $1.500 para las empresas de más de 70 empleados y de $750
para las más chicas, a la vez que perdonó deudas por $200 millones
a las Pyme. En el caso de Sancor, ya había aceptado el diferimiento
por seis meses del pago del 15% de los sueldos a los empleados de
Sancor y se hizo cargo del 50% de los salarios caídos desde
septiembre.
Con todo, la discusión sobre los costos laborales
volvió al centro de la escena en las últimas semanas. En un spot,
el gremio salió a rechazar que el valor de la mano de obra y los
aportes sindicales afectaran la competitividad de la industria. Según
datos citados del Instituto Argentino de Profesores de Costos
(IAPUCO), de una canasta de productos lácteos valuados en marzo a
18,06$, el trabajador se llevó $0,83, un 4% de lo que el consumidor
paga en la góndola.
El sindicato difundió el video luego de
un informe del programa La Cornisa conducido por Luis Majul, titulado
la "Guerra de la leche", que apuntó contra Ponce por
mantener sus "ingresos millonarios" y un sindicato "rico"
en una "industria quebrada". En Atilra sospechan que detrás
de esa investigación está el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El
otro frente de conflicto son las paritarias de la actividad, que
siguen en suspenso. A fines de enero pasado, el sector acordó una
suba del 13,9% por tres meses para completar el último tramo
pendiente y llevar el aumento total al 40,9%. En abril del año
pasado ya habían convenido una suba del 26,1% que llevó el mínimo
a $15.700 en mayo y $19.330 en octubre. Con suba del primer trimestre
de 2017, el piso iba a llegar a $22.000, pero Trabajo nunca lo
homologó.
En paralelo a la revisión del convenio, Sancor
avanzó en los últimos días en su plan de reestructuración exigido
por el Gobierno. Luego de recibir el viernes pasado $250 millones del
préstamo oficial, la cooperativa empezó a saldar deudas con
productores y empleados, y convocó a una asamblea extraordinaria el
30 de mayo. Allí se pondrá a votación su conversión en Sociedad
Anónima -paso necesario para su venta-, y el despido de más de
1.000 de sus 4.400 empleados.
El denominado "Plan Sancor"
contempla además el cierre definitivo de cuatro de sus 16 plantas.
La intendencia de Brinkman confirmó el martes la liquidación de la
planta situada en esa localidad de Córdoba y el despidos de 120
empleados, mientras que la quesera La Tarantela, especializada en la
elaboración de ricota y muzarella, dio a conocer gestiones para
comprar la filial ubicada en el pueblo santafesino de Centeno.
Las
otras dos en la mira serían la de Moldes (Córdoba) y Gobernador
Galvez (Santa Fé).
http://www.iprofesional.com/notas/250333-En-medio-del-cierre-de-plantas-en-Sancor-el-Gobierno-avanza-con-cambios-en-el-convenio-laboral-de-la-industria-lechera